La justicia argentina ordenó este miércoles frenar el avance del proyecto petrolero británico-israelí al norte de las Malvinas, un archipiélago en el Atlántico controlado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.
Un tribunal federal de la localidad de Río Grande, en la provincia patagónica de Tierra del Fuego, concedió una medida cautelar pedida por dos organizaciones argentinas ante el riesgo de daño ambiental del proyecto.
El fallo al que tuvo acceso la AFP se refiere al proyecto petrolero Sea Lion de la británica Rockhopper y la israelí Navitas.
La medida judicial se inscribe en la disputa entre ambos países por las islas, por las que libraron una guerra en 1982 que terminó con la rendición de la dictadura argentina y dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.
El fallo judicial de este miércoles ordena que las empresas se abstengan de perforar el lecho marino, instalar infraestructura o iniciar la extracción de hidrocarburos.
"La abstención ordenada se mantendrá hasta tanto se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental", sostiene.
El Reino Unido desconoce la validez de la justicia argentina respecto al archipiélago.
Londres otorgó licencias de pesca y de exploración hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion, cuya fase extractiva espera comenzar en 2028, según anunciaron las compañías en diciembre.
La demanda fue impulsada por una asociación de abogados ambientalistas junto a excombatientes de la guerra de Malvinas.
El presidente argentino, Javier Milei, revitalizó en las últimas semanas el reclamo de soberanía que Buenos Aires mantiene por vía diplomática desde el fin de la guerra.
Ese renovado impulso fue alentado por declaraciones de su aliado, el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible revisión de la neutralidad de Washington en el diferendo.
Recientemente ordenó la reactivación de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego que había sido anunciada en 2022, sin grandes avances.
También anunció que enviará un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que impulsen proyectos hidrocarburíferos en Malvinas en forma unilateral.
Una resolución de 1965 de Naciones Unidas reconoce la disputa de soberanía entre ambos países y los insta a negociar, como así también a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.
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